Por Ricardo Brito y Lisandra Paraguassu
BRASILIA, 5 abr (Reuters) – Un juez del Tribunal Supremo respaldó una medida gubernamental para acabar con la minería ilegal de oro en Brasil, suspendiendo una práctica legal por la que los compradores aceptaban el origen del metal precioso con recibos en papel basados en la “buena fe” del vendedor.
La orden judicial dictada por el juez Gilmar Mendes dio al Gobierno 90 días para adoptar un nuevo marco regulador del comercio de oro que ponga fin a la venta de oro extraído ilegalmente de tierras indígenas y otras zonas protegidas desde el punto de vista medioambiental.
“Este consorcio espurio formado por mineros ilegales y organizaciones criminales debe ser detenido lo antes posible”, declaró Mendes en su sentencia a última hora del martes.
La decisión, que entra en vigor de inmediato pero necesita la aprobación del pleno del tribunal, da un espaldarazo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se enfrenta a la presión de los políticos de derecha para que abandone la represión frente los mineros de oro salvaje.
La presunción de “buena fe” en la cadena de suministro de oro desde 2013 ayudó a ocultar los verdaderos orígenes de las exportaciones de oro de Brasil, de las que ahora se calcula que aproximadamente la mitad se extraen ilegalmente.
El Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro suavizó las protecciones medioambientales y fomentó la minería salvaje en la selva amazónica. El aumento de la minería ilegal en la reserva indígena yanomami provocó enfermedades y desnutrición que llevaron al Gobierno de Lula a declarar una crisis humanitaria.
El Gobierno ha tomado medidas para establecer normas más estrictas para el comercio de oro, proponiendo poner fin a la práctica de “buena fe” y una nueva legislación que exigiría recibos fiscales electrónicos para la compra y venta del metal.
El ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo a Reuters el miércoles que el texto para las nuevas regulaciones del Gobierno de la industria del oro debe estar listo la próxima semana para la revisión final de Lula.
La semana pasada, la autoridad fiscal de Brasil ordenó facturas fiscales electrónicas para el comercio de oro que se declara un activo financiero o un instrumento de cambio de divisas, ayudando a frenar el comercio de oro extraído ilegalmente cuando entre en vigor el 3 de julio.
En 2021, el 54% de la producción de oro de Brasil, es decir, 52,8 toneladas, presentaba indicios claros de tener un origen ilegal, según el Instituto Escolhas.
El Instituto Brasileño de Minería (Ibram), que representa a mineras de oro como AngloGold Ashanti Ltd y Yamana Gold Inc, así como a multinacionales como Vale, Rio Tinto Ltd y BHP Group Ltd, dijo que el 20% del oro brasileño no tenía origen declarado en 2021, basando su información en datos de la Agencia Nacional de Minería.
(Reporte de Ricardo Brito y Lisandra Paraguassu; Redacción de Anthony Boadle; Editado en español por Juana Casas)
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