La UE votará sobre la ‘diligencia debida’ en materia de derechos humanos en las finanzas

Por Huw Jones

LONDRES, 4 abr (Reuters) – Las empresas del sector financiero estarán obligadas a tomar medidas si sus clientes no protegen los derechos humanos y el medio ambiente, según se desprende de un acuerdo preliminar que un grupo de legisladores de la Unión Europea votará a finales de este mes.

La Comisión Europea, órgano Ejecutivo de la UE, propuso en 2022 una directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia des sostenibilidad, un conjunto de medidas cuyo alcance ha dividido a parlamentarios y Estados de la UE, suscitando inquietud en Estados Unidos por su carácter extraterritorial.

Los Estados de la UE y el Parlamento Europeo tienen la última palabra, con la inclusión de los servicios financieros convertida en uno de los aspectos más polémicos del proyecto de medida.

El pasado diciembre, los Estados de la UE llegaron a un acuerdo entre ellos y decidieron darse la opción de excluir los servicios financieros de la normativa.

Pero la comisión europarlamentaria de Asuntos Jurídicos votará el proyecto el 24 de abril, antes de lo cual sus miembros han alcanzado un compromiso provisional entre partidos que incluye al sector financiero, lo que plantea un enfrentamiento.

Los bancos y las aseguradoras tendrían que comprobar la diligencia debida de sus clientes, pero no rescindir un préstamo u otros servicios si ello supusiera la quiebra del cliente, según el compromiso.

El texto parece dar cierto margen de maniobra a los gestores de activos, que deberán “tomar las medidas apropiadas” para “inducir a la empresa en la que invierten” a poner fin a los efectos adversos reales sobre los derechos humanos o el medio ambiente.

“Cuando no sea posible poner fin al impacto adverso, los Estados miembros velarán por que los inversores institucionales y los gestores de activos induzcan a las empresas en las que invierten a minimizar el alcance de dicho impacto”, dice el compromiso legislativo.

Los gestores de activos deben comprometerse con las empresas y utilizar sus derechos de voto para poner fin a los impactos perjudiciales, añade.

Tras la votación de este mes, los legisladores se reunirán con los Estados miembros de la UE para elaborar una versión final que se convierta en ley.

(Reporte de Huw Jones; edición de Angus MacSwan; editado en español por José Muñoz)