La decisión sobre el bitcóin, que entrará en vigor el 7 de septiembre, “aumentaría los riesgos regulatorios, financieros y operativos de las instituciones financieras, incluyendo la posibilidad de violar las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, dijo Fitch.
La posibilidad de usar bitcóin para todas las obligaciones, incluidos los préstamos bancarios, podría canalizar el tráfico de la criptomoneda a través del país, lo que “puede aumentar los riesgos de que los ingresos de las actividades ilícitas pasen por el sistema financiero salvadoreño”, dijo Fitch.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo el jueves que el uso de bitcóin será opcional, lo que significa que cualquier persona que reciba un pago en la criptomoneda puede elegir convertirlo automáticamente en dólares estadounidenses, moneda de curso legal en El Salvador durante las últimas dos décadas.
Fitch añadió que las regulaciones deben cumplir plenamente con las normas mundiales establecidas por el Grupo de Acción Financiera, que tiene su sede en París, dado que “la falta de transparencia del bitcóin podría aumentar el riesgo de lavado de dinero”.
Bukele ha pregonado las ventajas del bitcóin para las transferencias internacionales, que son clave en un país como El Salvador, donde una quinta parte del producto interior bruto en 2019 estuvo vinculada al dinero enviado por los trabajadores en el extranjero, según el Banco Mundial.
(Reporte de Rodrigo Campos; Editado en español por Javier López de Lérida)
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